El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un llamado para proteger el patrimonio nacional y evitar su posible venta a particulares en el futuro. Para lograr esto, ha anunciado su intención de convertir las áreas naturales protegidas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en terrenos públicos.
Esta medida busca asegurar que el patrimonio nacional esté protegido y no corra el riesgo de ser saqueado en un futuro. El Presidente estima que aproximadamente 10 mil hectáreas en Baja California Sur, Huatulco, Quintana Roo y Playa Espíritu serán afectadas por esta iniciativa.
El Fonatur es un organismo encargado de impulsar el desarrollo turístico en el país, con el objetivo de generar empleo y riqueza para la población local. Sin embargo, en el pasado, ha habido casos de terrenos y desarrollos turísticos vendidos a particulares a precios muy bajos, lo que ha generado controversia y descontento entre la población.
Por esta razón, el Presidente ha tomado la decisión de convertir los terrenos en áreas naturales protegidas para asegurarse de que estén protegidos y no corran el riesgo de ser saqueados en un futuro. Además, esta medida también busca garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente.
Se espera que los gobernadores de Morena de Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California Sur y Guerrero sean los encargados de llevar a cabo la distribución de terrenos y desarrollos turísticos del Fonatur. Estos gobernadores tienen la tarea de asegurarse de que los terrenos se utilicen de manera eficiente y transparente, y que el patrimonio nacional esté protegido.
El Fonatur cuenta con un presupuesto autorizado para este año de 144 millones 662 mil pesos para el Tren Maya y 130 millones 808 mil pesos para Fonatur Infraestructura. Este presupuesto se destinará a impulsar el desarrollo turístico en el país y generar empleo y riqueza para la población local.
Sin embargo, es importante destacar que la protección del patrimonio nacional no solo es responsabilidad del gobierno y de los gobernadores, sino también de todos los ciudadanos. Es necesario que todos colaboremos para proteger nuestro patrimonio y asegurarnos de que se utilice de manera eficiente y transparente.
