Estos cambios limitan la capacidad de los estados, municipios, organismos autónomos y otros entes públicos para difundir programas y acciones gubernamentales, lo que afecta la operatividad del Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales estatales.
El gobernador de Coahuila, Miguel Angel Riquelme Solís, ha señalado que el Gobierno Federal pretendía aplicar estos cambios en Coahuila y en el Estado de México, donde se llevarán a cabo elecciones este año, a pesar de que el proceso ya estaba en marcha. El gobernador ha destacado la importancia de que haya reglas claras en el proceso electoral y ha señalado que no se deben alterar o trastocar los procesos en curso, ya que afectaría a todos los partidos.
El Plan B también ha tenido un impacto significativo en el Gobierno del Estado de Coahuila, incluyendo restricciones en materia de comunicación social y una disminución del porcentaje de monto disponible para campañas de difusión gubernamental, que se redujo del 3% al 0.1%. El gobernador ha señalado que este porcentaje está fuera de la realidad y que es necesario que los entes gubernamentales puedan difundir programas y acciones en áreas como la salud, la educación, la cultura y la prevención.
El Gobierno Municipal de Saltillo ha presentado una controversia constitucional contra el Plan B de la Reforma Electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Secretaría del Ayuntamiento ha puesto en marcha esta acción legal con el objetivo de que se declare inválido el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que atenta contra la libertad hacendaria de los municipios para ejercer la libre administración de sus recursos y invade su autonomía.
El Secretario del Ayuntamiento, Carlos Estrada Flores, ha señalado que antes de la reforma, la Ley General de Comunicación Social permitía la realización de campañas de salud, como la preventiva en el contexto de la pandemia de COVID-19, además de la promoción de políticas públicas y programas gubernamentales.
