Los escalofriantes hechos ocurridos en Taxco, Guerrero, donde una turba de cientos de personas linchó a dos presuntos secuestradores de la pequeña Camila, con golpes hasta la muerte de la presunta autora intelectual del hecho, son la muestra más descarnada de lo que ocurre cuando el Estado de derecho se derrumba por completo.
Más allá de los hechos puntuales y atroces en sí mismos, lo que este caso pone sobre la mesa es la ausencia total de una política pública de combate a la desigualdad y la inexistencia de un piso mínimo de seguridad y orden público en la entidad guerrerense. Fallas estructurales profundas que han alimentado un círculo vicioso de impunidad, ingobernabilidad y la toma de la justicia por propia mano. A continuación, algunos de los fallos más evidentes que provocan el caldo de cultivo de gravísimos incidentes como el de Camila:
Falta de Acceso a la Justicia: Una gran proporción de delitos en México permanece sin denunciar debido a la desconfianza en el sistema judicial y policial. Cuando los ciudadanos no confían en que sus denuncias serán tratadas con seriedad o temen represalias, se crea un ciclo de impunidad.
Corrupción: La corrupción dentro de las autoridades locales y estatales erosiona aún más la confianza del público en las instituciones diseñadas para protegerlos. Esto no solo dificulta la persecución de los delincuentes, sino que también puede facilitar actividades criminales.
Falta de recursos y capacitación: Las fuerzas del orden a menudo carecen de los recursos y la capacitación necesaria para enfrentar efectivamente el crimen, especialmente cuando se trata de organizaciones criminales bien financiadas y equipadas.
Desigualdad y exclusión social: Las condiciones de pobreza y falta de oportunidades alimentan ciclos de violencia y delincuencia, mientras que la exclusión social puede dejar a comunidades enteras marginadas de los servicios básicos, incluida la protección policial.
Porque no es casualidad que un supuesto delito haya derivado en una muchedumbre iracunda haciendo las veces de verdugo, policía, juez y jurado. Todo ello en medio de un vacío de autoridad y una desesperación ciudadana que ya ha tocado fondo.
A lo largo de las últimas dos décadas, el Estado mexicano ha sido sistemáticamente devorado y rebasado por las fuerzas del crimen organizado en buena parte de Guerrero. De la mano del narcotráfico, llegó el secuestro, la extorsión, el homicidio y toda una letanía de prácticas delictivas que jamás fueron debidamente enfrentadas. Por supuesto, no por Félix Salgado Macedonio, ni por su hija Evelyn Salgado, hoy gobernadora.
En los hechos, el Estado abandonó por completo su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y ese nefasto abandono poco a poco se convirtió en impunidad total, provocando que la población termine por tomar las riendas de una justicia que nunca llega.
Ahora, esa misma estrategia de autodefensa se ha convertido en una nueva forma de barbarie aún más inaceptable. Porque ante la ausencia de toda legalidad, los ciudadanos socavaron los últimos restos de civilidad que quedaban.
La pregunta que estos terribles acontecimientos arrojan es: ¿A dónde hemos llegado como país cuando el lincha- miento de presuntos delincuentes se vuelve un ejercicio “justificado” de desesperación social? ¿Es este acaso el camino que queremos seguir como nación?
Si esta tragedia no logra concitar la reconstrucción del Estado de derecho en Guerrero, y en todas las plazas tomadas por el crimen organizado, estaremos condenándonos como sociedad a repetir este tipo de horrores una y otra vez.
El caso Taxco debe ser un llamado de alerta sobre las consecuencias de permitir que la anarquía, la ingobernabilidad y la desesperanza se sigan propagando. Es momento de recomponer el orden y la autoridad legítima antes de que la barbarie termine por devorarnos a todos.
Por Yuridia sierra
